- Rodrigo Leitão e João Pedro Galvão Ramalho
- 11 jun
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Actualizado: 11 jun
Por Rodrigo Leitão y João Pedro Galvão Ramalho
La Foz del Amazonas, una de las regiones más ricas en biodiversidad del planeta, está bajo amenaza. La amenaza de la exploración petrolera en la región mantiene en alerta a ambientalistas y, especialmente, a los pueblos indígenas y comunidades tradicionales de Oiapoque, en el extremo norte del estado de Amapá. Lo que está en juego va mucho más allá de un posible desastre ambiental: se trata de la violación del derecho a una vida digna, a la soberanía alimentaria, a la integridad cultural y a la libertad de los pueblos que desde hace siglos se relacionan en armonía con este territorio y con la madre naturaleza.
Tres Tierras Indígenas están ubicadas en el municipio de Oiapoque: Galibi Kali’na, Galibi Marworno y Uaçá, hogar de los pueblos Palikur, Galibi y Karipuna. Estos pueblos viven en profunda conexión con los ríos, los manglares y los bosques de la región, protegiendo y siendo protegidos por la naturaleza. Sus modos de vida están íntimamente ligados a la pesca, la recolección y el uso sostenible de la biodiversidad local, es decir, en una relación umbilical con el bioma.
La amenaza de la exploración petrolera pone en riesgo no solo el derecho al medio ambiente, sino también el modo de vida y la subsistencia de estas comunidades. Un eventual derrame de petróleo, aunque sea de pequeño tamaño, tendría consecuencias devastadoras e irreversibles para los ríos y manglares, que son la base de la vida en la región.
La zona de la Foz del Amazonas alberga diversas Unidades de Conservación, como el Parque Nacional del Cabo Orange y la Reserva Biológica del Lago Piratuba. Estas áreas fueron creadas precisamente para proteger la rica biodiversidad costera, incluidos los ecosistemas de manglares que son criaderos naturales para peces, crustáceos y aves. Los manglares desempeñan un papel crucial en la seguridad alimentaria de las comunidades locales, además de ser uno de los ecosistemas más eficientes en la captura de carbono —aliados naturales en la lucha contra el cambio climático.
La apertura de la región a la explotación petrolera ignora completamente el principio de precaución y el papel estratégico de estas áreas protegidas.
La soberanía alimentaria, el derecho a decidir qué, cómo y cuándo comer, a partir de sus propios territorios, es un derecho humano y colectivo que está siendo amenazado por la lógica depredadora del petróleo. La falta de acceso a estos alimentos esclavizará a esta población que necesitará dinero para comprar productos industrializados.
La promesa de generación de empleo e ingresos con la llegada de las petroleras se desvanece ante el modo de vida de estas comunidades, que pueden generar y distribuir riqueza a partir de sus territorios. La industria petrolera es un ciclo de extracción de riqueza sin distribución de beneficios, donde las ganancias van a las grandes corporaciones mientras los riesgos y daños quedan para los pueblos de la región.
Además, los impactos sociales —aumento de conflictos, prostitución, explotación laboral y desestructuración de modos de vida tradicionales— son comúnmente registrados en regiones donde avanza el petróleo sin consentimiento ni diálogo con las poblaciones locales.
En Ecuador, en marzo de este año, un derrame del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano se extendió por más de 500 km, contaminó más de cinco ríos e impidió el acceso al agua potable a medio millón de personas, en su mayoría pueblos indígenas y comunidades tradicionales. La pesca y la agricultura, y por lo tanto la seguridad alimentaria y la subsistencia de estas poblaciones, fueron inviabilizadas.
Y no debemos engañarnos creyendo que se trata de un caso aislado. En Brasil, solo en el año 2024, según datos de la Agencia Nacional de Petróleo, se registraron 731 accidentes relacionados con la explotación petrolera. No es casualidad que el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) ya haya negado tres veces la licencia para perforar el Bloque 59 en la Foz del Amazonas.
Es contradictorio que un gobierno que se presenta como progresista y líder en la lucha contra la crisis climática mundial, reproduzca la lógica fallida de desarrollo elegida para la Amazonía en los últimos siglos, basada en la explotación intensiva de recursos naturales, con promesas vacías de progreso e integración nacional, sin respeto a los pueblos originarios, a los ecosistemas y a la diversidad cultural del territorio.
En la década de 1970, bajo el lema "integrar para no entregar", el régimen militar construyó carreteras, incentivó la deforestación e impuso grandes proyectos en la Amazonía sin ninguna consulta a las poblaciones locales. El resultado fue un rastro de violencia, expulsión de comunidades, degradación ambiental y concentración de tierras.
Hoy, el gobierno brasileño viola el derecho fundamental de los Pueblos Indígenas de Oiapoque si sigue ignorando su deber de cumplir con el Convenio 169 de la OIT y la necesidad de realizar una Consulta Previa, Libre, Informada y de Buena Fe a estos pueblos originarios.
Es urgente escuchar a los pueblos de Oiapoque, ellos son la respuesta. Los pueblos indígenas no son obstáculos al "progreso", sino guardianes de un futuro más justo y equilibrado para todos nosotros. Mientras el mundo discute una transición energética justa y sostenible, Brasil no puede repetir los errores del pasado insistiendo en una economía basada en combustibles fósiles.
La vida en la Foz del Amazonas no está en venta. Preservar este territorio es garantizar la dignidad de sus pueblos, la salud de los ecosistemas y la posibilidad real de un futuro donde desarrollo no sea sinónimo de destrucción, esclavitud, sufrimiento y muerte.
Imagen de portada: João Paulo Guimarães
